Esta semana, en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Popular publicó en sus redes sociales un vídeo elaborado mediante inteligencia artificial en el que aparecen Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Ábalos, entre otros dirigentes socialistas, pronunciando declaraciones que nunca realizaron. El PSOE ha anunciado que estudia emprender acciones legales. La publicación, presentada en clave satírica, ha abierto un debate que trasciende la confrontación partidista: ¿cuáles son los límites de los deepfakes en la comunicación política?
La sátira ha acompañado a la política durante siglos. Las caricaturas, las imitaciones y las parodias forman parte de la libertad de expresión y cumplen una función relevante en las sociedades democráticas. Sin embargo, la inteligencia artificial generativa introduce una diferencia significativa: ahora es posible reproducir artificialmente el rostro, la voz y los gestos de una persona, atribuyéndole declaraciones o comportamientos que nunca tuvieron lugar.
Habitualmente asociamos los deepfakes con la desinformación: vídeos falsificados que pretenden convencer al espectador de que determinados acontecimientos sucedieron realmente.
En el artículo científico «Deepfakes: el próximo reto en la detección de noticias falsas», publicado en 2021 en la revista Anàlisi, abordé los riesgos de estas representaciones sintéticas para la autenticidad de la información y la suplantación de identidad. Es una de mis líneas de investigación sobre desinformación e inteligencia artificial.
¿Qué sucede cuando el espectador sabe perfectamente que el vídeo es falso?
Una parodia puede ser reconocida como ficción y, aun así, contribuir a asociar a una persona con determinadas conductas o situaciones. No necesita engañar sobre su autenticidad para transmitir un mensaje político.
Esto no convierte automáticamente la sátira en una práctica reprobable. Las caricaturas tradicionales también exageran, deforman y ridiculizan a sus protagonistas. La diferencia está en el realismo audiovisual que permiten las nuevas tecnologías y en la facilidad con la que estos contenidos pueden difundirse y circular fuera de su contexto original.
También conviene preguntarse por el papel de la humillación y la ridiculización del adversario en un debate público cada vez más polarizado. La inteligencia artificial no ha creado estas prácticas, pero proporciona nuevas herramientas para desarrollarlas.
Libertad de expresión y derecho a la propia imagen
El debate tiene también una dimensión jurídica. En España, la Ley Orgánica 1/1982 protege el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, aunque contempla expresamente la caricatura de personajes públicos conforme a los usos sociales.
Por su parte, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial establece obligaciones de transparencia para determinados contenidos generados o manipulados artificialmente. Su artículo 50, aplicable desde agosto de 2026, obliga a advertir de que un deepfake ha sido creado o alterado con IA, pero contempla las obras satíricas y permite adaptar esa identificación a su naturaleza creativa.
Por tanto, ni toda utilización de la imagen de un personaje público supone una vulneración de sus derechos, ni identificar un vídeo como generado mediante inteligencia artificial resuelve automáticamente todos los posibles conflictos jurídicos. La valoración exige considerar el contexto, el contenido, su carácter ficticio y los derechos afectados.
Deepfakes y elecciones: el problema de la confianza
La utilización de imágenes sintéticas en contextos políticos no es nueva. Durante la invasión rusa de Ucrania, en 2022, circuló un deepfake del presidente Volodímir Zelenski en el que supuestamente ordenaba la rendición de su país. Aquel episodio constituye un ejemplo de utilización de estas tecnologías para fabricar declaraciones aparentemente auténticas.
Los vídeos satíricos electorales responden a una lógica diferente, pero ambos fenómenos permiten reflexionar sobre las transformaciones de la comunicación política. En las campañas electorales, donde la reputación de los candidatos y la credibilidad de los mensajes resultan fundamentales, estas tecnologías abren nuevas posibilidades expresivas y también nuevos desafíos éticos.
Existe, además, un riesgo que va más allá de los contenidos falsos: cuando cualquier persona puede aparecer diciendo cualquier cosa, también puede debilitarse nuestra confianza en los documentos audiovisuales auténticos.
Más allá de la polémica
Durante las III Jornadas de Ciberviolencias Machistas, celebradas el pasado 16 de octubre en Tenerife, abordamos algunas de las implicaciones de los deepfakes y de las imágenes generadas mediante inteligencia artificial. Una cuestión recurrente en este ámbito es la distancia que puede existir entre las posibilidades técnicas, los derechos individuales y la responsabilidad en la utilización de estas herramientas.
El vídeo publicado por el Partido Popular, recogido por El País, ofrece una oportunidad para discutir estos límites, independientemente de las simpatías políticas de cada espectador.
La cuestión no es si la inteligencia artificial debe utilizarse para hacer sátira política, sino cómo compatibilizar la libertad de expresión con el respeto a los derechos individuales y la calidad del debate público.
Porque el desafío de los deepfakes políticos no consiste únicamente en distinguir lo verdadero de lo falso, sino también en reflexionar sobre el tipo de comunicación política que queremos construir con estas tecnologías.